Multas que podrían superar el millón de pesos serían aplicadas a quienes no permitan el libre acceso y tránsito en las playas de México.
Con 107 votos a favor, el Senado aprobó el dictamen para garantizar que el disfrute de las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre continua a ellas no esté inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.
Y en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito, a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La minuta establece sanción de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (86.88 pesos), es decir la multa va de los 260 mil 640 pesos y aumentará a un millón 42 mil 560 pesos, a dichos propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas.
En caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley General de Bienes Nacionales.
Apenas en febrero de 2020, previo a la pandemia por el covid-19, se viralizó el caso de una pareja que retirada de una playa pública en Playa del Carmen por no consumir en el Club Playa Mamitas, supuestamente.
Los policías subieron a la pareja a una patrulla bajo el argumento que esa zona se trata de una concesión particular.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero, que desee disfrutarlas pueda hacerlo.
Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.
El dictamen explica qué hay una gran cantidad de denuncias ciudadanas que describen “flagrantes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que por medios extralegales establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas. Tales restricciones van desde cercas semifijas, hasta verdaderas construcciones”.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación.
