A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llama a las autoridades mexicanas a mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales.
La organización internacional recuerda la importancia de integrar la dimensión de derechos humanos durante estas emergencias humanitarias y en los procesos de reconstrucción, donde trabajó en coordinación con las distintas agencias de las Naciones Unidas en México, para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que permitió identificar varias lecciones aprendidas y necesidades pendientes.
Respecto a la fase de emergencia, la ONU-DH reconoce la gran muestra de solidaridad de la población y los esfuerzos desplegados por las autoridades. Al mismo tiempo, los acontecimientos también mostraron la necesidad de fortalecer la dimensión de derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general.
Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a las poblaciones que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y marginación en el país.
México es un país que enfrenta numerosos riesgos naturales y el esquema de atención a los mismos debe incluir la reducción del riesgo, de acuerdo al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, así como incrementar la preparación para hacerles frente, incluyendo la capacitación y formación de personal especializado y de la población en general.
LECCIONES
“La dimensión de género también surgió como prioridad para futuros esfuerzos, esto incluye, por ejemplo, la situación de las trabajadoras domésticas, cuya localización fue más complicada por su estatus de informalidad laboral, y los riesgos que enfrentaron mujeres y niñas en los albergues. Del mismo modo, se necesita dar atención particular a los grupos en situación de vulnerabilidad”, señaló Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Destacó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales a las personas afectadas por los sismos y otros riesgos naturales.
En relación con la fase de reconstrucción, enfatiza la necesidad de censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo.
“Es fundamental garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la atención. La atención no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos. El sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados”, destacó Jan Jarab.
LLAMADO URGENTE
Finalmente, la ONU-DH reitera que los daños que ocurrieron en septiembre de 2017, aún no están superados y que un número considerable de familias sigue en situaciones difíciles. En este contexto, la Oficina llama a todas las autoridades relevantes –federales, estatales y municipales, actuales y futuras– a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y todos los afectados y expresar su solidaridad con las víctimas y el pueblo de México.
